Editorial

¿Nacionalizar la minería?: inquietante propuesta

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a comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó ayer una iniciativa de norma constitucional que, en un sentido estricto, supondría nacionalizar la minería del cobre y otros minerales considerados “de carácter estratégico para el país”.

Así, aunque el cobre ya pertenece al Estado de Chile -como recalcó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería en reacción a la noticia-, se aspira que éste ejerza “el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible” sobre dichos bienes estratégicas y también sobre las minas donde se explotan, lo que apunta a su eventual expropiación.

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Tal como ocurrió la semana pasada con la iniciativa de esta misma comisión que proponía la “nulidad de hecho” de todas las concesiones otorgadas por el Estado en tierras indígenas (sin siquiera plantear los límites de estos), la norma que se aprobó ayer también deberá ser discutida por el pleno de la Convención, donde resultaron necesarios 2/3 de los votos para pasar. Dista mucho, por ende, de ser una decisión zanjada.

No por ello es menos preocupante. Por una parte, ambas iniciativas reflejan un enfoque refundacional del sistema económico poco consistente con el ánimo de cambios consensuados que se espera de la Convención; por otro, demuestra una valoración escasa, si no desconocimiento, de los costosas consecuencias económicas y jurídicas que tendría para Chile implementar cambios de esa índole en su institucionalidad, tanto a nivel doméstico como internacional.

Dan cuenta, asimismo, de una comprensión insuficiente sobre el funcionamiento de mercados y sistemas institucionales complejos en los cuales Chile está inserto, a la vez que de una férrea confianza en las capacidades organizativas y productivas del Estado que no se condice ni con la teoría contemporánea ni con la experiencia. En suma, queda en evidencia una concepción Estado céntrica del desarrollo que, además de pasar por alto la evidencia de las últimas cuatro décadas, dificulta (tal vez hace imposible) que el país aproveche su potencial de crecimiento en el siglo XXI.

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